viernes, 13 de abril de 2018

Servicios Educativos y Asistencia Social en Italia.

En Italia, la ayuda del trabajador social no consiste únicamente en garantizar que las personas puedan hacer el mejor uso posible de los servicios disponibles. A veces esto es suficiente, pero en muchos casos, debido a que las personas pueden salir de dificultades, no es suficiente "darles algo". Es necesario que comprometan sus recursos personales (cognitivos, emocionales, etc.) para cambiar activamente algún aspecto de sus vidas, y este es un proceso lento y no determinable. Un tipo de ayuda que no sea proporcionar rendimiento, pero igualmente importante (o tal vez más), consiste precisamente en acompañar y apoyar este esfuerzo reflexivo de cambio.

Por ejemplo, se trata de ofrecer escucha y apoyo, de ayudar a los interesados   a definir más claramente los problemas que enfrentan; apoyarlos para que identifiquen una posible solución y se den cuenta de sus problemas. Se trata de ayudar a confiar en la posibilidad de cambio, de ayudar a trabajar juntos e involucrar a otros que pueden colaborar.

Estas funciones de ayuda abiertas se pueden implementar en relación con una sola persona o una sola familia, o un grupo, o una comunidad completa.


Llamamos a este tipo de ayuda "abierta" porque no hay leyes o reglamentos que definan cómo se debe hacer. Las funciones de ayuda abiertas pueden / deben llevarse a cabo con la misma legitimidad y competencia tanto por el trabajador social como por otros trabajadores sociales.

Al llevar a cabo estas tareas, los trabajadores sociales obviamente deben tener en cuenta las leyes y reglamentaciones de la entidad para la que operan, ya que las leyes y reglamentos establecen qué servicios están disponibles y de acuerdo con qué criterios generales deben proporcionarse.

En primer lugar, la Ley 328/2000 titulada "Ley marco para la implementación del sistema integrado de intervenciones y servicios sociales" es la ley de asistencia, dirigida a promover las intervenciones sociales, el bienestar y la salud socio-sanitaria que garantizan la ayuda práctica a las personas y familias en dificultad

El propósito principal de la ley es, además de la simple asistencia del individuo, también el apoyo de la persona dentro de su propia unidad familiar.

La calidad de vida, la prevención, la reducción y la eliminación de discapacidades, la angustia personal y familiar y el derecho a los beneficios son los objetivos de los 328. Por primera vez, un fondo nacional para políticas y intervenciones sociales, agregando y expandiendo la financiación sectorial existente y asignándolas a la planificación regional y las instituciones Del título podemos ver que es una ley marco, por lo que su aplicación se delega a la emisión de decretos por parte del gobierno, ministerios, regiones, etc.

La planificación y organización del sistema integrado de intervenciones y servicios sociales es responsabilidad de las autoridades locales, las regiones y el Estado de conformidad con el Decreto Legislativo del 31 de marzo de 1998, n. 112, y de la presente ley.

Las Regiones y los Municipios tienen algunas tareas importantes, pero también el Estado está llamado a hacer su parte:

El Estado tiene la tarea de: establecer un Plan Nacional Social que indique los niveles uniformes y básicos de beneficios, establecer los requisitos que las familias-familias y los servicios residenciales deben tener, así como los perfiles profesionales en el campo social y finalmente asignar los recursos del Fondo política social nacional y monitorear el progreso de la reforma.

Las Regiones deberán planificar y coordinar las intervenciones sociales, impulsar la integración de las medidas sanitarias, sociales, de formación e inserción laboral, establecer criterios de acreditación y controlar las estructuras y los servicios públicos y privados, establecer una lista de los sujetos autorizados a realizar las funciones indicadas por la ley, establecer la calidad de los servicios, determinar los niveles de participación en el gasto por parte de los usuarios, financiar y planificar la capacitación de los operadores.

En el análisis final, no debemos olvidar cómo esta ley reconoció un papel central en el papel de los Municipios, que, por esta razón, son los interlocutores privilegiados, con quienes deben trazarse las políticas de intervención.

Los municipios son los órganos administrativos que gestionan y coordinan iniciativas para crear el "sistema local de red de servicios sociales". En esto, los Municipios deben involucrarse y cooperar con las estructuras de salud, con las otras autoridades locales y con las asociaciones de ciudadanos.

De los Municipios depende:
  • La determinación de parámetros para la evaluación de las condiciones de pobreza, los ingresos limitados y la incapacidad total o parcial para la discapacidad física y mental, y las condiciones relativas para beneficiarse de los beneficios;
  • Autorización, acreditación y supervisión de servicios sociales y en estructuras residenciales y semirresidenciales públicas y privadas;
  • Garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en el control de calidad de los servicios.
Las acciones, objetivos y prioridades de las intervenciones municipales se definen en los Planes de Zona. Los municipios también deben implementar y adoptar la Carta de servicios sociales que ilustra las oportunidades sociales disponibles y cómo acceder a ellas.

La profesión del trabajador social se ejerce principalmente en el contexto de organismos públicos o entidades del tercer sector, en forma de empleo o colaboración profesional gratuita, mientras que la profesión libre llevada a cabo directamente en nombre es totalmente marginal en Italia y en otros países europeos de personas necesitadas que están pidiendo ayuda.

Los principales organismos públicos llamados a implementar políticas sociales mediante la organización de servicios personales son:
- Comune,  que es responsable de las funciones generales de asistencia y, por lo tanto, debe encargarse de la ayuda que se brinda a las personas (incluidos los inmigrantes) con problemas de ingresos y alojamiento, personas que no son autosuficientes en su totalidad o en parte, menores y familias en dificultad.
- ASL,  una compañía local de atención médica, que tiene habilidades en adicción, consejería familiar y salud mental.
-  Ministición de justicia,  que trata de la asistencia a personas sujetas a una sanción o medida de seguridad, o a menores sujetos a enjuiciamiento penal.

La institución municipal se ocupa de ciertas clases de usuarios, aquellos que no pertenecen a estos, se clasifican en otros servicios de competencia (csm, sert, ..)
  
Por lo tanto, existe un servicio de asesoramiento al que todas las personas en dificultad tienen derecho a presentar una solicitud para presentar sus problemas.


Beatrice Fonti

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